La Dirección General de Seguridad se ha visto obligada a retirar el protocolo específico contra el acoso laboral que había aprobado para la Policía Canaria al reconocer que no fue sometido previamente a la negociación colectiva obligatoria. Una rectificación que evidencia una preocupante falta de rigor en la tramitación de un instrumento tan sensible y que difícilmente puede justificarse cuando la propia normativa aplicable lleva años vigente y es sobradamente conocida.
Pero el problema va más allá de una simple chapuza administrativa. El Gobierno de Canarias ya dispone de un protocolo general de acoso laboral para todo su personal, un sistema consolidado que garantiza independencia, objetividad e imparcialidad en la gestión de las denuncias. Por ello, resulta legítimo preguntarse qué necesidad existía de crear un procedimiento específico para la Policía Canaria.
Desde la perspectiva de esta representación sindical, la respuesta es preocupante: trasladar la tramitación de las denuncias desde un sistema externo e independiente hacia el ámbito de la propia Dirección General de Seguridad. En otras palabras, sustituir garantías consolidadas por un modelo donde la organización investigaría problemas producidos dentro de sus propias estructuras. La retirada del protocolo corrige, de momento, ese intento y evita que la independencia de los procedimientos quede subordinada a la cadena de mando policial.
INFORMA_SEPCA rechaza un protocolo de Acoso Diferenciado para el CGPC
Canarias a 24 de junio de 2026
