Los costes del recorte de la jornada, y consiguientemente del salario, a unos 3.300 empleados públicos de la Comunidad Autónoma (laborales no fijos y funcionarios interinos de la Administración general) se han elevado con el litigio que lleva aparejada esta controvertida medida de contención del gasto, cuyo ahorro inicialmente previsto se ha aminorado desde los casi 20 millones de euros hasta los 17.
Por ahora, las demandas judiciales de carácter individual interpuestas por unos 1.200 de los afectados han costado una media de 115 euros. No obstante, los sindicatos han corrido con gran parte de los gastos.
Al Gobierno de Canarias, la aplicación de la disposición cuadragésimo séptima de la ley de presupuestos de 2013 podría costarle un ojo e la cara. Si prosperan las denuncias, el Ejecutivo regional deberá afrontar el pago de indemnizaciones y quizá de alguna multa.
Después de que la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad paralizara los procesos abiertos mediante un conflicto colectivo registrado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), seis organizaciones sindicales han presentado un preaviso de huelga para el 15 de abril con el objetivo de anular la maniobra del Gobierno. Además, se han personado en la oficina de la Comisión Europea (CE) en Madrid para dejar constancia de su queja. Se espera que este órgano dé una respuesta dentro de uno o dos meses, tras analizar la documentación que a tal efecto reciba desde Canarias. En su escrito, los representantes de IC, CC. OO., UGT, Co.Bas., CSC y Sepca exponen que la reducción del 20% o 10% vulnera la normativa comunitaria. Concretamente, la directiva 1999/70 consagra la igualdad en el trato entre empleados fijos y temporales. Los perjudicados han encontrado un aliado en el diputado del Común, el histórico socialista Jerónimo Saavedra, que ha pedido a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que promueva un recurso de inconstitucionalidad.
"Ese conflicto colectivo es un fraude procesal". Así de contundente se muestra el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, Fernando Scrich Esteban. "Resulta sorprendente que la parte empresarial actúe contra una decisión suya porque no está de acuerdo", declara el dirigente de Sepca a DIARIO DE AVISOS.
Scrich llama la atención sobre la "incongruencia" de que se pretenda unificar la doctrina con el argumento de que no se pueden acumular las causas.
UN SINDICATO QUE NO QUIERE SUBVENCIONES
Una de las señas de identidad de Sepca es su ámbito de actuación: empleo público y Canarias. Otra es su independencia, tanto ideológica como financiera. Ello no es óbice para que su actual secretario general sea miembro del Comité Regional del PSOE y compitiera por liderar el partido en Santa Cruz de Tenerife. En sus diez años de historia, solo en un ocasión solicitó al Estado una subvención en función del número de delegados. Sin embargo, el Comité Regional, máximo órgano entre congresos, acordó renunciar a ella. Por principio, el sindicato está en contra de este tipo de ayudas. Se sustenta exclusivamente con las cuotas de sus afiliados (ahora son unos 4.000), que desde hace siete años está fijada en siete euros al mes (cuatro para los de media jornada). Mayoritario en la Administración general de la Comunidad, no tiene liberados institucionales y está de alquiler.
A MEDIO CAMINO
Una "chapuza". Fernando Scrich califica de "chapuza" discriminatoria la reducción de la jornada laboral a 3.300 empleados públicos. El secretario general de Sepca echa en cara al Gobierno de Canarias que no incluyera el recorte en el anteproyecto de ley de presupuestos. "Creo que ya sabían que el informe del Consejo Consultivo [preceptivo pero no vinculante] iba a ser negativo", comenta. "De ahí que optaran por una disposición adicional, que introduce el Parlamento".
Rectificación. Los sindicatos de la Administración pública interpretan los últimos movimientos del Ejecutivo regional como un reconocimiento de que la vía elegida para la contención del gasto conduce al precipicio, por lo que buscan atajos para rectificar sin que parezca que hay marcha atrás. En esta "pista de coches locos", el consejero Francisco Hernández Spínola gira sobre sí mismo para llegar a la conclusión de que el ajuste se frenará antes de que acabe el año. Para eso, están buscando unos ocho millones de euros. Con esa cantidad se cubriría la mitad del camino.
Reubicación. Sepca no se opone a la reordenación de los recursos humanos en la Administración, pero quiere que se haga de manera racional y por consenso. "Rechazamos cualquier intento de castigar al personal incómodo con vanas excusas de organización interna", resalta Scrich. Si bien este sindicato no demoniza las contrataciones externas, sus activistas se ponen en guardia ante el negocio en torno a lo público.
Via | diariodeavisos.com
